El Parlamento Europeo está llamado a ser, más que un elemento orgánico, la arteria a través de la cual circulan las aspiraciones democráticas de la ciudadanía europea. Hoy, la Unión vive atenazada por múltiples problemas y sumida en una crisis, que amenaza al modelo de convivencia social que nos ha acompañado en las últimas seis décadas.
En este marco cobra especial sentido la campaña que promueve la desaparición de la doble sede parlamentaria, un dispendio injustificable que, en su momento, recogió el Tratado de Maastricht, imponiendo la celebración de doce plenos anuales en la sede estrasburguesa, para satisfacción de los intereses de Francia.
Este 23 de octubre, el Parlamento Europeo, por fin ha concretado su voluntad de eliminar la sede de Estrasburgo, y así lo ha incluido en la resolución, aprobada por abrumadora mayoría (de 518 votos favorables, 149 en contra y 33 abstenciones), sobre el Presupuesto de la UE para 2013, en la que se pide al Consejo que defina el año próximo una hoja de ruta para establecer la sede única.
Ello es revelador de cuánto las cosas han cambiado, y es que resulta particularmente llamativo el cambio experimentado en el sentir de los eurodiputados, que en mayo 2010 votaron mayoritariamente en contra de esta resolución. Hoy el debate sobre el futuro de Estrasburgo ha quedado relegado a la búsqueda de alternativas para no menoscabar a la ciudad alsaciana (algunas voces sugieren trasladar la sede de Europol desde la Haya…).
Todos los grupos políticos han asumido el discurso de que hay que buscar una alternativa para Estrasburgo, a pesar de las protestas de las autoridades francesas. La enmienda adoptada la semana pasada en la Eurocámara emana de un sentir mucho más profundo, es decir, de la incapacidad para justificar ante la ciudadanía una doble sede, que duplica costes y dificulta la operatividad de la sede parlamentaria.
A los eurodiputados, como representantes de los ciudadanos, y en su función de control al poder y los gobiernos, se les exige dinamismo y rapidez en la toma de decisiones, de un modo pragmático y lejos de ese “circo ambulante” con que se describe en círculos comunitarios el aparatoso movimiento de diputados, asesores y archivos entre la ciudad belga y la francesa.
Este es un caso que brinda la oportunidad para que la lógica de las necesidades de la realidad social y política se imponga sobre la rigidez de los tratados. Y viene a confirmar que el punto número 6 del Manifiesto fundacional de More Europe es más pertinente que nunca y lleva camino de llegar a buen puerto.
Artículo de Eva Peña, Vicepresidenta de la Plataforma More Europe
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